Corrupción de la policía penitenciaria y privatización de Cárceles en Costa Rica

Corrupción en Centros Penales

Antes de empezar a detallar la corrupción penitenciaria se debe conocer el significado del término corrupción, el cual, desde el Derecho Administrativo se entiende como “una mala administración o un mal gobierno dolosos en el ejercicio de poderes públicos que no busca el interés general, sino el beneficio de una persona física o jurídica” (Gutiérrez, 2018).

No obstante, dicho término no se circunscribe exclusivamente a lo antes indicado, ya que dentro de la corrupción existen diferentes matices enfocados principalmente a la obtención de beneficios personales haciendo uso de una alteración en las reglas de las sana participación e intervención social, cultural, económica, políticas y muchos otros aspectos de la convivencia humana.

En este sentido, se puede comprender como corrupción la obtención de dádivas para hacer o dejar de hacer algún acto propio de su cargo; o la facilitación de actividades relacionadas con procesos no legales o sujetos a un reglamento o ley, entre muchos otros ejemplos.

Si bien es cierto, la corrupción dentro de cualquier ambiente, ya sea público o privado, supone un riesgo para la entidad a la cual pertenece, tiene una complicación alta cuando se trata del sector público, ya que las finanzas que administran y los actos que realizan se encuentran sujetas a un servicio por y para la población, sin embargo, es más delicado cuando se relaciona a personas encargadas con la seguridad pública, y en razón del presente escrito, propiamente a los que se encuentran sujetos al proceso que concierne a las personas privadas de libertad.

Bergman & Azaola (2007) describieron que los actos de corrupción penitenciarios se refieren a actividades como:

•   Facilidad para introducir droga, teléfonos celulares, armas u otros prohibidos a un centro penal
•  Tráfico de influencias
•   Rezago en la revisión de expedientes
•   Extorción
•   Prostitución
•   Impunidad
•   Violencia
•   Hacinamiento

Esta corrupción se puede dar entre dos modalidades: la de policía con el detenido, donde se pueden dar sobornos con la intención de que el detenido pueda disfrutar de ciertos beneficios, como acceso a médico, abogado, traslado a otra celda o establecimiento penitenciario; o entre los mismos reclusos, donde algunos están obligados a pagar a otros con la intensión de poder disfrutar de ciertos derechos, tales como trasladarse a determinadas zonas del mismo centro penitenciario, acceder a alimentación o un espacio para dormir. (Naciones Unidas, 2010)

Esta última forma de corrupción tiene mayores consecuencias para la salud física y mental de los privados de libertad, pues al no contar con dinero para satisfacer estas solicitudes, pueden ser objeto de violencia física incluidas las agresiones sexuales. (Naciones Unidas, 2010)

La corrupción se encuentra presente prácticamente en todos los centros penales del mundo debido principalmente a “la falta de recursos financieros y de personal calificado que repercute en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en la ineficiencia de las funciones de custodia” (Bergman & Azaola, 2007). Por supuesto, existen países donde este mal es mucho más marcado, pero Costa Rica no se encuentra exenta.

Fuente: Otiniano (2019)

Como se puede notar en la tabla adjunta, Otiniano (2019) describió que a nivel del gobierno nacional, en el 2018 Canadá tenía una tasa de percepción de corrupción del 81%, Estados Unidos del 71%, Panamá del 37% y Costa Rica del 56%, de manera que a nivel general, a pesar de que se realizan esfuerzos para eliminar la corrupción de las entidades públicas, Costa Rica tiene una percepción bastante alta en comparación con otros países de américa.

El Ministerio de Justicia y Paz a través de la Dirección de Policía Penitenciaria realiza constantes esfuerzos para atacar esta problemática, situación que se puede notar conforme con lo expuesto en su mismo sitio web. Propiamente, el 14 de noviembre del 2018 publicaron una noticia en la que refirieron haber realizado un operativo (en coordinación con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial) para desmantelar una red de tráfico de drogas y teléfonos celulares que operaba en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas en Pococí y por la que cinco policías penitenciarios habían resultado detenidos. (Ministerio de Justicia y Paz, 2018), demostrando de esa manera su anuencia en tratar de erradicar este tipo de actos.

  

Privatización de Cárceles en Costa Rica

Como ya se ha mencionado en el presente blog, el modelo de privatización de los Centros Penales puede ser una alternativa que permita – al igual que muchos otros países - socavar muchos de los problemas que actualmente presenta el sistema penitenciario, tales como el hacinamiento, dificultades para atender los programas de resocialización y situaciones complicadas de infraestructura e higiene entre muchas otras.

Obviamente la legislación costarricense impide ceder por completo la administración de un centro penal a una entidad privada debido principalmente a la imposibilidad de delegar la sanción en un ente no estatal, ya que por ley, el sistema penal – que incluye el proceso de ejecución de la pena – se encuentra regulado para que se tramite únicamente bajo tutela de la Dirección General de Adaptación Social.

Es cierto que este tipo de servicio privado, podría solucionar muchos de los problemas antes expuestos y al mismo tiempo brindar otras soluciones relacionadas con nuestro sistema económico, principalmente la generación de empleos, ya que la operación de este tipo de centros de atención a los privados de libertad necesitaría varios insumos que podrían ser suplidos por empresas subcontratadas fomentando así el desarrollo de la región donde se instale el proyecto, sin embargo, las complicaciones que ya se habían expuesto, como la posible desatención de derechos fundamentales (alimentación, atención médica y varios otros) así como las razones de índole contractual, en el sentido de la necesidad de dotar al centro penal del insumo necesario para su operación (privados de libertad) suponen riesgos para la verdadera resocialización de la persona detenida.

Aunque en Costa Rica existan iniciativas que pretendan crear recintos penales con fondos privados pero bajo tutela pública, “la misma Sala Constitucional, ya ha sido clara al indicar que resulta abiertamente inconstitucional trasladar a gestores privados, potestades de imperio. El Estado no puede renunciar a sus competencias, las cuales constituyen para él poderes y deberes ineludibles de actuación.” (Núñez & Rojas, 2006), de manera que aunque a este momento existan fuertes deseos de capital privado por mejorar las condiciones de los privados de libertad, lo cierto es que este tipo de proyectos representa un riesgo con consecuencias basadas en las experiencias de otros países.

Referencias

Bergman, M., & Azaola, E. (mayo de 2007). Cárceles en México: Cuadros de una Crisis. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad(1), 74 - 87. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656565005

Gutiérrez, E. (2018). Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales. Política Criminal, 13(25), 104 - 143.

Ministerio de Justicia y Paz. (14 de noviembre de 2018). Recuperado el 10 de abril de 2020, de https://www.mjp.go.cr/Comunicacion/Nota?nom=Desmantelan-red-para-traficar-drogas-en-Centro-Penitenciario-de-Pococi%3B-cinco-policias-detenidos

Naciones Unidas. (2010). Medidas privativas y no privativas de la libertad. Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Nuñez, E., & Rojas, F. (2006). La Privatización de las cárceles: el caso de Costa Rica (tesis de doctorado). San José: Universidad Estatal a Distancia.

Otiniano, C. (2019). Análisis de la criminalidad organizada en la corrupción de funcionarios del gobierno. (Tesis de Grado). Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.