Privatización de las prisiones - experiencia internacional

En Costa Rica las Centros Penales de encuentran a cargo de la Dirección General de Adaptación Social dentro del Ministerio de Justicia y Paz.

Fuente: http://www.laprensalibre.cr/

Todo el sistema penal se encuentra a tutela del Estado, por tanto, la persona privada de libertad desde que es detenida hasta que es puesta en libertad posterior a cumplir su condena se encuentra monitoreada por un ente estatal que busca – por lo menos en teoría – la readaptación social de cada persona.

En otros países, como es el caso de Estados Unidos, el sistema penitenciario fue trasladado a entes privados desde hace varios años.

En este sentido, las cárceles tienen una “actividad de origen contractual, regulada exhaustivamente, financiada directa o indirectamente por el Estado, administrada bajo estándares de control prefijados y sujeta, en mayor o menor medida a responsabilidades” (Arriagada, 2012).

Específicamente, las condiciones de los detenidos se desligan completamente del Estado y las prisiones pasan a ser una contratación con capital privado cuya participación del sector público se limita a la adjudicación de los permisos de operación.

Para continuar con el ejemplo antes descrito, en Estados Unidos antes de optar por la privatización de los centros penales se dio un incremento de las personas privadas de libertad, por lo que el ex presidente Ronal Reagan optó por la este modelo, ya que su idea era contar con “un aliado flexible y creativo, capaz de generar rentabilidad con la gestión penitenciaria mediante una operación más eficiente, de mayor calidad y a un menor costo que el de las agencias gubernamentales” (Arriagada, 2012)

En dicho país se conciben tres modelos de operación de las cárceles privadas: el leasing, donde la entidad privada aporta el capital y mano de obra para diseñar, construir y poner en marcha el recinto penitenciario y cuando este sitio finalice el periodo de operación por el cual fue contratado pasa a manos del Estado; el privado, donde se delega toda la actividad penitenciaria y el Estado se encarga solo de su fiscalización; y el mixto, en el cual El Estado de encarga de la seguridad y vigilancia de los detenidos mientras que las otras actividades conexas las desarrolla la entidad contratada. (Arriagada, 2012)

Fuente: https://navarra.elespanol.com/

Esta privatización también fue adoptada por otros países como Gran Bretaña, quienes a diferencia de Estados Unidos, donde las políticas de privatización eran promulgadas por cada Estado; en este lugar las directrices eran emanadas directamente el gobierno central, dejando así más uniformidad en los estatutos de operación. (Arriagada, 2012)

En España se dio una situación similar a la indicada en Gran Bretaña, con la particularidad de que la Constitución no permitía otorgarle el control completo del sistema penitenciario a las entidades privadas, de manera que se privatizaron otras actividades dedicadas a la atención de los recintos de contención, tales como las construcciones y servicios asociados. (Arriagada, 2012)

Situación especial se dio en Francia, donde El Estado optó por crear dos tipos de cárceles, uno estatal denominado “clásico” y un privado llamado “experimento control”, situación que se asemeja a lo realizado por España, pues en este último El Estado de encuentra en control de los privados de libertad, pero las demás actividades, incluyendo la construcción y equipamiento de los centros penales, así como la alimentación y la higiene se encuentra en manos de empresas privadas. (Arriagada, 2012)

Venezuela fue uno de los que modificó su legislación con el fin de implementar esta modalidad de centros institucionales, no obstante, la fase de ejecución ha sido casi nula. (Arriagada, 2012)

En México se dio una investigación donde se recomendó la creación de cuatro centros con capital privado, no obstante, el gobierno canceló las propuestas evitando así la puesta en marcha del proyecto, aun así, existe legislación que pro de la aplicación de lo indicado previamente. (Arriagada, 2012)

Fuente: https://mx.investing.com/

Con respecto a Brasil ya se encontraban instauradas algunas prisiones bajo una modalidad de convenio, donde la entidad privada le brindaba apoyo al Estado con respecto a la operación de centros penitenciarios, pero de acuerdo con el panorama de creciente población penitenciaria decidió poner en marcha dos centros penales controlados completamente por entidades privadas. (Arriagada, 2012)

De acuerdo con el análisis de las prisiones privadas realizadas por Núñez & Rojas (2006) determinaron que dicha modalidad se había convertido en un “negocio muy productivo”, por tanto, las instituciones debían evitar que “los privados de libertad lograran su resocialización”, ya que al ser los detenidos la materia prima de estas organizaciones, debían asegurarla la captación de recursos por su atención.

En el caso de Costa Rica, desde hace varios años se ha tenido en cuenta la privatización de los centros penitenciarios, sin embargo, esta propuesta ha atenido múltiples complicaciones entre ellas las relacionadas con la constitución política, no obstante, la sala ha indicado que no existen vicios en cuanto a que la construcción y ciertos servicios sean sufragados por entidades privadas. (Nuñez & Rojas, 2006)

Costa Rica sufre de los mismos males que llevaron a otros países a optar por la privatización del sistema penitenciario, tales como sobrepoblación, débiles posibilidades de reinserción social del delincuente, deficiente higiene, pobre salud, alimentación no acorde con las necesidades básicas, poca capacitación y varios otros que lo encaminan a un candidato más de este proceso, no obstante,  la intensión de humanizar más el sistema penal ha prevalecido como la meta de las Administraciones Estatales.

Tomando en cuenta las experiencias de los demás Estados, se presume que la privatización de nuestro sistema penitenciario podría llegar a las mismas consecuencias, como lo son “peores atropellos a la dignidad humana por falta de controles estatales” (Nuñez & Rojas, 2006) lo que estaría en contra de los verdaderos fines de la reinserción social.

Aún con lo antes referido, existe una propuesta para crear un centro penitenciario en Guápiles, el que se espera posea una administración mancomunada entre el Estado y capital privado, bajo el modelo de concesión.

En este proyecto se supone que El Estado pagará a la entidad privada un monto por cada privado de libertad que administre, además, “podrá desarrollar proyectos económicos utilizando a los reclusos como mano de obra” (Nuñez & Rojas, 2006), lo que hasta este punto concuerda con una réplica exacta de otros modelos que han concluido en una degradación de la condición de privado de libertad para convertirlo en una fuente de ingreso, que disminuye la finalidad resocializadora del sistema penal.

También este tipo de organización podría suponer un riesgo para la administración de recursos públicos, pues sin duda, el fin lucrativo de esta organización podría influir para la tipificación de nuevos delitos y en general podría dar pie a una corrupción del sistema en general.

Con la intención de reforzar la temática expuesta se adjunta un video sobre el sistema penitenciario de Estados Unidos, el cual deja muy claro el panorama de este tipo de prisiones privadas.

Referencias

Arriagada, I. (2012). De cárceles y concesiones: Privatización carcelaria y penalidad neoliberal. Revista de Derecho, XXV(2), 9-31.

Nuñez, E., & Rojas, F. (2006). La Privatización de las cárceles: el caso de Costa Rica (tesis de doctorado). San José: Universidad Estatal a Distancia.