Ventajas y desventajas de la privatización de centros penales

En varios países, empezando de nuevo con Estados Unidos, se tomó la opción de privatizar los centros penitenciarios por varios factores asociados a la imposibilidad de albergar cantidades enormes y cada vez crecientes de privados de libertad, no obstante, también se vieron inmiscuidos asuntos socio-políticos como distintos discursos político populistas, donde prometían lo que el pueblo presuntamente aclamaba y que fundamentaba el incremento de severidad de las penas, la irrupción de la justica expresiva, pero también contó con la participación de medios de comunicación sensacionalistas que se enfocaban en el fenómeno del miedo al delito (famosa criminalidad creciente en Costa Rica) donde promovían la visión del delincuente como un sujeto antisocial y peligroso, así como la necesidad de protección de la víctima y proposición de las prisiones como un remedio incapacitador de la criminalidad. (Arriagada, 2012)

Ex-presidente de EEUU Ronald Reagan.
Fuente: https://www.si.edu/

El gobierno de Ronald Reagan, se enfocó principalmente en la impulsión de la economía y la privatización estatal. Como consecuencia se redujo la protección social y se comprometió la legitimidad del Estado en materia penal.

La prisión se convirtió en un componente político e institucional del Estado, se catalogaron como un medio de contención de los delincuentes, quienes, justamente por merecer un castigo acondicionaron su sanción a una forma donde pueda impulsar la economía, lo que va claramente en detrimento del fin resocializador.  (Arriagada, 2012)

Núñez & Rojas (2006) indicaron que la visión del Estado con respecto a la privatización de los centros penitenciarios se fundamenta en los siguientes objetivos:

• Aumentar la seguridad pública e institucional del Sistema Penitenciario Nacional;
• Disminuir la sobrepoblación de las instalaciones que componen el sistema penitenciario nacional;
• Mejorar el procedimiento para la clasificación y la ubicación de internos dentro del sistema penitenciario;
• Mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad;
• Mejorar la calidad y efectividad de programas de asistencia técnica de los privados de libertad y bajar la tasa de reincidencia, a través de un plan de atención técnica basado en resultados;
• Mejorar los procedimientos operativos para aumentar la prevención, la preparación y el manejo de eventos críticos y
• Reducir los costos operativos en el largo plazo.

Claramente la privatización de las cárceles trae consigo fuentes de empleo y por ende el crecimiento de la economía, ya que no solo se toman en cuenta la administración del centro penal por sí mismo, sino que se incluye toda una cadena laboral que va desde la planificación de la obra, desarrollo y puesta en ejecución del proyecto, hasta servicios relacionados con esa actividad, tales como proveedores de ropa, alimentación, seguridad (tanto personal como electrónica), desechos, fábricas de materiales y muchos otros que se ven inmersos en suplir las necesidades de operación de estos lugares, de manera que los centros penitenciarios pasan de ser un gasto para el Estado a una fuente de remuneración creciente para muchos sectores, propiamente, esta industria en Estados Unidos “proporciona empleos a cerca de 17.000 profesionales dedicados a la seguridad, la academia, la educación vocacional, servicios de salud, programas para presos, mantenimiento, recursos humanos, gestión y administración” (Arriagada, 2012)

A estas empresas les ha ido tan bien en ese país que incluso la CCA (corporación estadounidense que tiene a su cargo varias prisiones) “participa desde 1994 en la bolsa de Nueva York y sus acciones han aumentado de forma sorprendente” (Arriagada, 2012)

Exceptuando los asuntos de índole constitucional, ya que estos se encuentran regulados de diferentes formas en cada estado, la privatización de los centros penitenciarios posee varios riesgos ligados justamente a sus jugosas rentabilidades, pues la posibilidad de implementar programas de desarrollo laboral permite a estas empresas crear maquilas con un costo ínfimo de mano de obra, en síntesis, se permite una explotación laboral amparada de una actividad que presuntamente  ayudará a los privados de libertad a emplearse cuando terminen su condena. Justamente con motivo de esta actividad “se han cerrado maquiladoras que operaban en el tercer mundo, ya que ahora resulta mucho más barata la mano de obra presa” (Núñez & Rojas, 2006)

Fuente: www.eleconomista.es

La operación de estos centros penales requiere de una cantidad mínima de sentenciados para sufragar sus gastos, de manera que El Estado debe proveer la “materia prima” (detenidos) suficiente para no entrar con conflictos de índole legal, propiciando de esta manera una recurrente movilización de privados de libertad hacia dichos sitios, los cuales, de acuerdo con su fin meramente lucrativo, limitan las posibilidades de la utilización de medidas alternas de resocialización, situación que va en contra del fin reeducativo de la sanción penal.

Como toda empresa, este tipo de entidades debe mantener un efectivo flujo de caja, de manera que gastos derivados de servicios orientados a satisfacer necesidades del privado de libertad serán mermados a lo máximo posible. Es de esperar la disminución de la calidad de la alimentación, así como la aplicación de programas de capacitación y educativos así como atenciones médicas y sociales. 

Es cierto que las empresas a cargo de los centros penitenciarios deben adaptarse a los requerimientos del contrato que suscriben, sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, Núñez & Rojas (2006) evidenciaron que varias actividades que modifican con la intensión de disminuir gastos, afectando de esa manera los derechos fundamentales de las personas detenidas:

•  Para ahorrar salarios de guardianes y la construcción de torres de vigilancia es más económico instalar cámaras de video; se pueden eliminar así, por lo menos, 25 plazas de vigilante a tiempo completo.
• Las personas contratadas las convierten en socios con la intensión de evadir el pago de pensiones, de esta manera su vínculo con la organización elimina ciertos derechos.
• No se compran materiales de limpieza y se desatiende la atención médica y la alimentación de los detenidos.

Como se ha descrito anteriormente, la privatización de los centros penales son una buena opción para el alivio para las operaciones del Estado en cuanto a la eliminación de varios problemas relacionados principalmente con incapacidades de estos como la edificación de centros de atención institucional y su operación además del creciente hacinamiento que limita las correctas atenciones de los privados de libertad; y al mismo tiempo generan empleos indirectos para varias personas ligadas a los centros penales, no obstante, la misma necesidad lucrativa de la empresa privada deja de lado muchos aspectos que van en contra el fin real de la sanción privativa de libertad.

Con el fin de reforzar y ampliar con respecto a lo antes expuesto, se exponen dos videos del sitio web www.youtube.com donde se deja al descubierto el panorama real de las prisiones privadas en Estados Unidos.

Referencias

Arriagada, I. (2012). De cárceles y concesiones: Privatización carcelaria y penalidad neoliberal. Revista de Derecho, XXV(2), 9-31.

Nuñez, E., & Rojas, F. (2006). La Privatización de las cárceles: el caso de Costa Rica (tesis de doctorado). San José: Universidad Estatal a Distancia.